Delito de Amenazas: requisitos, tipos, penas y jurisprudencia.
El delito de amenazas, regulado en los artículos 169 a 171 del Código Penal, protege la libertad y seguridad de las personas frente a anuncios intimidatorios de un mal. Su aplicación plantea importantes problemas jurídicos, especialmente al distinguir las amenazas graves de las leves, determinar cuándo se consuma el delito y valorar la relevancia del contexto en el que se producen las expresiones. En este Blog jurídico estudiaremos el Delito de amenazas sus requisitos, tipos y penas.
Una amenaza de muerte, un mensaje intimidatorio enviado por WhatsApp, la exhibición de un arma o el anuncio de divulgar información privada pueden dar lugar a responsabilidades penales muy diferentes.
La calificación jurídica no depende exclusivamente de las palabras empleadas. El contenido del mal anunciado, la credibilidad de la conminación, la existencia de condiciones, la relación entre las partes y las circunstancias anteriores y posteriores al hecho pueden resultar decisivos.
De ahí que el delito de amenazas sea una de las figuras penales en las que adquiere mayor importancia el análisis individualizado de los hechos y de la jurisprudencia.
1. ¿Qué es el delito de amenazas?
El delito de amenazas consiste, en términos generales, en comunicar a otra persona el anuncio de un mal con suficiente entidad para afectar a su libertad, seguridad o tranquilidad personal.
Su regulación se encuentra en el capítulo II del título VI del libro II del Código Penal, fundamentalmente en los artículos 169, 170 y 171.
El bien jurídico protegido es la libertad individual, entendida en una dimensión amplia que comprende tanto la capacidad de autodeterminación como la seguridad necesaria para ejercerla sin intimidaciones penalmente relevantes.
La amenaza no exige necesariamente la ejecución del mal anunciado. La conducta puede resultar delictiva por la propia comunicación intimidatoria, siempre que concurran los elementos exigidos por el correspondiente tipo penal.
Ahora bien, no toda expresión desagradable, ofensiva o formulada durante una discusión constituye un delito.
La intervención del Derecho penal requiere una conducta dotada de verdadera relevancia típica. Por ello, resulta imprescindible diferenciar las amenazas delictivas de las simples manifestaciones de enfado, las advertencias legítimas y las expresiones ambiguas que carezcan de suficiente contenido intimidatorio.
2. Requisitos del delito de amenazas.
2.1. El anuncio de un mal.
El elemento central del delito es el anuncio de un perjuicio que se presenta como susceptible de ser causado a otra persona. El mal puede afectar a la vida, la integridad física, la libertad, la intimidad, el honor, el patrimonio u otros bienes jurídicos, aunque la modalidad delictiva aplicable dependerá de la naturaleza del perjuicio anunciado.
La comunicación puede realizarse verbalmente, por escrito, mediante mensajes electrónicos o incluso a través de gestos o comportamientos inequívocamente intimidatorios. No es indispensable que el autor utilice una fórmula expresa.
Las denominadas amenazas veladas o implícitas pueden adquirir relevancia penal cuando su significado resulte suficientemente claro a partir de las circunstancias. Así, una expresión aparentemente ambigua puede constituir una amenaza si aparece acompañada de antecedentes de violencia, gestos intimidatorios o actuaciones que permitan identificar un mal concreto.
Por el contrario, la mera percepción subjetiva de temor no permite convertir automáticamente en delito cualquier expresión equívoca.
2.2. Seriedad y credibilidad de la amenaza.
La jurisprudencia exige que la amenaza posea una entidad suficiente para ser considerada una verdadera conminación intimidatoria. La seriedad no debe confundirse con la certeza de que el autor ejecutará el mal. No se exige demostrar que disponga efectivamente de los medios necesarios para cumplir lo anunciado ni que haya decidido llevarlo a cabo.
La credibilidad se examina desde una perspectiva contextual, teniendo en cuenta factores como la relación entre las partes, la forma de exteriorización, los antecedentes, la proximidad física, la presencia de armas y los comportamientos que acompañan al anuncio.
Este análisis resulta especialmente importante al diferenciar las amenazas graves de las leves.
2.3. Carácter futuro, injusto y posible del mal.
La doctrina jurisprudencial ha caracterizado tradicionalmente el mal anunciado como futuro, injusto, determinado y posible. El carácter futuro permite diferenciar el anuncio intimidatorio de la ejecución material del perjuicio. Sin embargo, no significa que la amenaza deba referirse necesariamente a un acontecimiento lejano. También puede anunciarse un daño de ejecución próxima.
La determinación exige que el perjuicio resulte suficientemente identificable, sin necesidad de describir todos los detalles de su eventual realización.
La injusticia del mal permite distinguir las amenazas de determinadas advertencias legítimas, como la comunicación de que se ejercitará una acción judicial cuando esta se formula dentro de los cauces legales.
2.4. Relación entre el mal anunciado y la voluntad del autor.
Tradicionalmente se ha exigido que el mal anunciado se presente como dependiente de la voluntad del sujeto que amenaza. Esta característica permite diferenciar una amenaza de la mera comunicación de un peligro ajeno. No obstante, el autor no tiene por qué anunciar que ejecutará personalmente el perjuicio.
Las amenazas realizadas mediante terceros o aquellas en las que se anuncia la actuación de otras personas pueden resultar típicas cuando concurren los requisitos necesarios para atribuir al autor la conminación intimidatoria.
3. El dolo en el delito de amenazas.
El delito de amenazas es una infracción dolosa. El sujeto activo debe conocer el significado intimidatorio de su conducta y actuar voluntariamente. Una cuestión esencial consiste en distinguir la voluntad de amenazar de la voluntad de ejecutar el mal anunciado.
Para apreciar el delito no es necesario acreditar que el autor tuviera la intención real de cumplir la amenaza. La tipicidad se centra en la comunicación intimidatoria y en su aptitud para afectar al bien jurídico protegido.
La jurisprudencia ha utilizado en ocasiones expresiones como ánimo de intimidar o dolo específico, pero ello no permite exigir automáticamente un elemento subjetivo adicional distinto del requerido por la modalidad típica correspondiente.
En definitiva, la falta de intención de ejecutar el perjuicio no constituye, por sí sola, una causa de exclusión de responsabilidad penal.
4. Consumación del delito: ¿debe producirse miedo en la víctima?
El delito de amenazas se configura, con carácter general, como un delito de mera actividad. Su consumación se vincula a la llegada del anuncio intimidatorio al conocimiento de su destinatario. No es necesario que el autor ejecute el mal ni que la víctima acceda a una exigencia, salvo que la consecución del propósito tenga relevancia específica para determinar la pena. Tampoco se exige, como regla general, acreditar que la víctima haya experimentado efectivamente miedo.
La ausencia de una reacción visible de temor no excluye necesariamente el delito. Una persona puede responder con serenidad, enfrentarse verbalmente al autor o continuar con su actividad y, pese a ello, haber sido destinataria de una amenaza penalmente relevante. Lo decisivo es la aptitud intimidatoria de la conducta, valorada conforme a sus circunstancias.
Amenazas indirectas o comunicadas mediante terceros.
La amenaza no tiene que formularse siempre directamente ante la víctima. Puede transmitirse mediante una tercera persona, siempre que concurran los requisitos de imputación y que el anuncio llegue al destinatario en las condiciones exigidas para la consumación.
Estos supuestos requieren examinar cuidadosamente la intención del autor, la función desempeñada por el intermediario y el conocimiento efectivo del contenido amenazante.
5. Amenazas graves de un mal constitutivo de delito: artículo 169 del Código Penal.
El artículo 169 castiga las amenazas de causar determinados males constitutivos de delito a la persona amenazada, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculada. El precepto comprende los delitos expresamente relacionados con la vida, la integridad física, la libertad, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y otros bienes jurídicos enumerados legalmente. La norma distingue entre amenazas condicionales y no condicionales.
5.1. Amenazas condicionales.
Las amenazas son condicionales cuando el autor exige una cantidad económica o impone cualquier otra condición, incluso aunque esta no sea ilícita.
Por ejemplo, exigir dinero bajo la amenaza seria de causar lesiones.
El artículo 169.1 establece:
- Prisión de uno a cinco años, cuando el culpable consigue su propósito.
- Prisión de seis meses a tres años, cuando no lo consigue.
Las penas se imponen en su mitad superior cuando las amenazas se realizan por escrito, teléfono u otros medios de comunicación o reproducción previstos legalmente, o en nombre de entidades o grupos reales o supuestos.
La consecución del propósito constituye un criterio de agravación penológica dentro de esta modalidad, no una exigencia general para que la amenaza tenga relevancia penal.
5.2. Amenazas no condicionales.
El artículo 169.2 contempla las amenazas en las que se anuncia el mal sin imponer una condición.
La pena prevista es de prisión de seis meses a dos años.
La diferencia entre ambas modalidades radica en la existencia de una exigencia vinculada al perjuicio anunciado. Debe evitarse confundir esta distinción con la existente entre amenazas graves y leves, que responde a criterios de valoración diferentes.
6. Diferencia entre amenazas graves y leves: criterios jurisprudenciales.
La delimitación entre amenazas graves y leves constituye una de las principales dificultades de aplicación de los artículos 169 y 171 del Código Penal.
Ambas figuras comparten una estructura intimidatoria semejante. La diferencia se encuentra en la entidad de la conducta y en la intensidad del mal anunciado, valoradas en relación con las circunstancias concurrentes. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha insistido en que el delito de amenazas presenta una marcada naturaleza circunstancial.
La STS de 12 de marzo de 2020 aborda precisamente la importancia del contexto, la seriedad y credibilidad del anuncio y la intensidad del mal comunicado al valorar la gravedad de la amenaza. Asimismo, la STS de 27 de mayo de 2022 destaca la necesidad de atender a las circunstancias que rodean las expresiones para establecer su verdadera entidad intimidatoria. Estos criterios impiden resolver la calificación mediante una lectura aislada de las palabras.
¿Decir «te voy a matar» constituye siempre una amenaza grave?
No necesariamente. La expresión anuncia un mal de máxima gravedad, pero la calificación penal exige valorar cómo se produjo, en qué circunstancias y qué credibilidad podía atribuirse al anuncio. Una amenaza de muerte acompañada de la exhibición intimidatoria de un arma y precedida de actos violentos puede presentar una entidad muy distinta de una expresión aislada pronunciada en circunstancias que revelen una menor seriedad.
Ahora bien, tampoco puede afirmarse que las amenazas formuladas durante una discusión sean automáticamente leves o atípicas. La existencia de una discusión no elimina por sí misma la capacidad intimidatoria del anuncio.
Circunstancias relevantes para determinar la gravedad.
Entre los elementos que deben valorarse se encuentran la concreción del mal anunciado, los antecedentes entre las partes, la conducta anterior y posterior del autor, la utilización de armas, la reiteración de las expresiones y la situación concreta de la persona destinataria.
La valoración debe ser conjunta. Ningún elemento aislado permite establecer de manera automática la calificación penal.
7. Las amenazas leves del artículo 171.
El artículo 171 contempla distintas modalidades de amenazas, entre ellas las amenazas leves.
7.1. Amenazas leves fuera del ámbito familiar.
El artículo 171.7 establece, con carácter general, una pena de multa de uno a tres meses para quien amenace levemente a otra persona fuera de los supuestos especiales previstos en el precepto.
Esta modalidad general requiere denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.
Cuando la persona ofendida pertenece a determinados ámbitos de protección familiar, el propio apartado contempla un régimen específico de penas y perseguibilidad.
7.2. Amenazas leves en el ámbito de la violencia de género.
El artículo 171.4 castiga las amenazas leves dirigidas contra quien sea o haya sido esposa del autor, o mujer ligada a él por una relación análoga de afectividad, aun sin convivencia, en los términos legalmente previstos.
La pena comprende prisión de seis meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días, junto con la privación del derecho a la tenencia y porte de armas y las demás consecuencias que procedan.
También se contempla la protección específica de determinadas personas especialmente vulnerables que convivan con el autor.
La aplicación de este precepto exige acreditar tanto la conducta amenazante como los elementos relativos a la relación personal o situación protegida.
7.3. Amenazas leves con armas en el ámbito doméstico.
El artículo 171.5 contempla determinados supuestos de amenazas leves con armas u otros instrumentos peligrosos dirigidas contra personas comprendidas en el ámbito de protección del artículo 173.2, con las particularidades establecidas legalmente.
La utilización de un arma puede incrementar la credibilidad y gravedad de una amenaza, pero no determina automáticamente su subsunción en un precepto concreto.
Será necesario analizar si existe una amenaza grave, una amenaza leve especialmente tipificada o una conducta integrada en otro delito.
7.4. La modalidad atenuada del artículo 171.6.
El artículo 171.6 permite al juez o tribunal imponer la pena inferior en grado en los supuestos de los apartados 4 y 5, mediante razonamiento en sentencia y atendiendo a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho.
Se trata de una regla de individualización de la pena.
Su aplicación no convierte el hecho en un delito leve ni altera automáticamente los elementos de la modalidad típica correspondiente.
8. Amenazas de un mal no constitutivo de delito: artículo 171.1.
El Código Penal no limita las amenazas punibles al anuncio de conductas delictivas. El artículo 171.1 castiga las amenazas condicionales de un mal que no constituya delito cuando la condición impuesta no consista en una conducta debida.
La pena prevista es prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses, atendiendo a la gravedad y circunstancias del hecho. Si el culpable consigue su propósito, se impone la pena en su mitad superior. Esta figura exige distinguir dos elementos:
Por una parte, el contenido del mal anunciado, que no debe constituir delito. Por otra, la condición impuesta, que no puede consistir en una conducta debida. La interpretación de este último requisito plantea problemas cuando el autor pretende obtener el cumplimiento de una obligación o ejercer un derecho mediante procedimientos intimidatorios.
La existencia de una pretensión jurídicamente defendible no legitima cualquier medio de presión. En determinadas circunstancias pueden entrar en juego otros delitos, como las coacciones o la realización arbitraria del propio derecho.
9. El delito de chantaje: artículo 171.2.
El chantaje constituye una modalidad específica de amenazas. El artículo 171.2 castiga la exigencia de una cantidad o recompensa bajo la amenaza de revelar o difundir hechos referentes a la vida privada o a las relaciones familiares de otra persona, que no sean públicamente conocidos y puedan afectar a su fama, crédito o interés.
No se exige necesariamente que la información sea falsa.
La amenaza puede resultar especialmente eficaz cuando se refiere a hechos verdaderos cuya divulgación podría ocasionar un perjuicio.
La pena prevista es:
- Prisión de dos a cuatro años, cuando se consigue la entrega de todo o parte de lo exigido.
- Prisión de cuatro meses a dos años, cuando no se consigue.
El artículo 171.3 establece una previsión especial cuando el chantaje consiste en amenazar con revelar o denunciar la comisión de algún delito.
La delimitación entre chantaje, amenazas graves y delitos contra la intimidad requiere analizar la naturaleza de la información, el mal anunciado y la exigencia impuesta.
10. Amenazas dirigidas contra colectivos: artículo 170.
El artículo 170.1 contempla las amenazas de un mal constitutivo de delito dirigidas a atemorizar a los habitantes de una población, grupos étnicos, culturales o religiosos, colectivos sociales o profesionales u otros grupos de personas. Su aplicación exige que las amenazas presenten la gravedad necesaria para conseguir esa finalidad intimidatoria.
El precepto establece las penas superiores en grado a las previstas para las correspondientes amenazas del artículo 169.
El artículo 170.2 contempla, además, la reclamación pública de acciones violentas por organizaciones o grupos terroristas, con la finalidad y gravedad exigidas legalmente. Estas modalidades presentan una estructura específica y no deben confundirse con la simple pluralidad de personas amenazadas.
11. Amenazas veladas y expresiones ambiguas.
Las amenazas no siempre se formulan mediante anuncios explícitos. Expresiones como «ya nos veremos», «atente a las consecuencias» o «te vas a enterar» pueden tener significados diferentes dependiendo del contexto. La dificultad reside en determinar si transmiten un mal suficientemente identificable o si constituyen manifestaciones genéricas de enfado o desagrado.
La jurisprudencia exige evitar tanto una interpretación excesivamente formalista como una ampliación injustificada del tipo penal. No es necesario que el mal aparezca descrito con precisión absoluta. Pero tampoco puede deducirse una amenaza delictiva únicamente de una interpretación subjetiva no respaldada por circunstancias objetivas.
En este ámbito adquieren especial importancia los antecedentes entre las partes, los gestos empleados, las conductas simultáneas y la existencia de episodios anteriores de intimidación.
12. Diferencias entre amenazas y coacciones.
Las amenazas y las coacciones protegen la libertad individual, pero presentan estructuras típicas diferentes. En las amenazas, el autor comunica un mal cuya perspectiva afecta a la libertad o tranquilidad del destinatario.
En las coacciones, reguladas en el artículo 172 del Código Penal, se emplean los medios típicos para impedir ilegítimamente a otra persona hacer lo que la ley no prohíbe o para obligarla a realizar lo que no quiere. Tradicionalmente se ha destacado que las amenazas se proyectan sobre un mal anunciado, mientras que las coacciones inciden de forma más inmediata sobre la libertad de actuación.
Sin embargo, la distinción no puede establecerse únicamente mediante un criterio temporal. Debe examinarse el mecanismo empleado, la finalidad de la conducta y la concreta afectación del bien jurídico. Esta delimitación resulta particularmente relevante cuando una amenaza se utiliza para imponer una actuación inmediata a la víctima.
13. Relaciones concursales: amenazas y otros delitos.
Las amenazas pueden concurrir con delitos de lesiones, agresión sexual, robo con intimidación, detención ilegal o quebrantamiento de condena, entre otros. El problema jurídico consiste en determinar si el anuncio intimidatorio posee autonomía delictiva o queda integrado en otra infracción. Cuando la intimidación constituye el medio necesario para cometer un robo, puede quedar absorbida por el delito patrimonial.
Del mismo modo, determinadas amenazas empleadas como instrumento de una agresión sexual pueden quedar comprendidas en el injusto propio de esa infracción. La situación cambia cuando las amenazas presentan una finalidad autónoma o se producen en un momento diferente, con entidad propia. En tales casos puede resultar procedente apreciar una pluralidad de delitos.
La solución exige aplicar las reglas del concurso de normas y de delitos, evitando vulnerar el principio non bis in idem.
14. Amenazas reiteradas: unidad natural de acción y delito continuado.
La existencia de varias expresiones amenazantes no implica necesariamente la comisión de tantos delitos como manifestaciones se hayan producido. Cuando varias amenazas forman parte de un mismo episodio, responden a una única resolución delictiva y presentan una conexión temporal y funcional estrecha, puede apreciarse una unidad natural de acción.
En otros supuestos, la autonomía de los episodios puede justificar la existencia de varios delitos. También puede plantearse la aplicación del delito continuado del artículo 74 del Código Penal.
Esta posibilidad exige especial cautela por la naturaleza personal del bien jurídico protegido y por las restricciones legales aplicables a la continuidad delictiva. La determinación de la unidad o pluralidad de infracciones requiere valorar el número de personas afectadas, la separación temporal, la reiteración de actos y la autonomía de cada conducta.
15. La prueba del delito de amenazas.
La acreditación de unas amenazas puede presentar dificultades particulares, especialmente cuando se producen en un ámbito privado o mediante comunicaciones electrónicas.
15.1. La declaración de la víctima.
La declaración de la víctima puede constituir prueba de cargo suficiente para fundamentar una condena, siempre que el tribunal realice una valoración racional, motivada y respetuosa con la presunción de inocencia. La jurisprudencia utiliza habitualmente como pautas de análisis la ausencia de incredibilidad subjetiva, la verosimilitud del testimonio y la persistencia en la incriminación.
Estos criterios no constituyen requisitos legales rígidos que deban concurrir mecánicamente en todos los procedimientos. La existencia de conflictos previos entre las partes tampoco invalida automáticamente la declaración de la persona denunciante. Su relevancia dependerá de las circunstancias y de la valoración conjunta de la prueba.
15.2. Amenazas por WhatsApp y redes sociales.
Las amenazas pueden cometerse mediante WhatsApp, SMS, correo electrónico o redes sociales. Las conversaciones electrónicas pueden constituir prueba relevante, pero deben examinarse su autenticidad, integridad y atribución a una persona concreta. Cuando estos extremos son controvertidos, puede resultar necesaria una prueba pericial informática u otros elementos de corroboración.
La mera existencia de una captura de pantalla no resuelve necesariamente todas las cuestiones relativas a la prueba.
15.3. Grabaciones y testigos.
Las grabaciones lícitamente obtenidas y las declaraciones de testigos pueden contribuir a acreditar las expresiones utilizadas, el tono, los gestos y el contexto. No obstante, ninguna clase de prueba determina automáticamente el resultado del procedimiento. La condena exige que los hechos constitutivos del delito y la participación del acusado queden acreditados con las garantías propias del proceso penal.
16. ¿Qué consecuencias tiene una denuncia por amenazas?
Las consecuencias dependen de la modalidad delictiva, de la gravedad de los hechos y de las circunstancias legalmente relevantes. No todas las amenazas llevan aparejada una pena de prisión. Las amenazas leves de carácter general pueden castigarse con multa, mientras que determinadas amenazas graves condicionales pueden alcanzar penas de varios años de prisión.
Además, según el supuesto, pueden proceder penas accesorias, prohibiciones de aproximación o comunicación y otras medidas previstas legalmente. La existencia de una denuncia no implica que los hechos estén acreditados. La responsabilidad penal exige prueba suficiente y una correcta subsunción de la conducta en el correspondiente precepto.
Por ello, tanto en la acusación como en la defensa adquiere especial importancia la valoración de la prueba y de la jurisprudencia aplicable.
17. Jurisprudencia del Tribunal Supremo: criterios fundamentales.
La interpretación judicial del delito de amenazas se articula en torno a varias cuestiones recurrentes.
La naturaleza circunstancial del delito. La gravedad de una amenaza no se determina exclusivamente por las palabras utilizadas. Es necesario atender al contexto, la credibilidad del anuncio, los antecedentes y las circunstancias concurrentes. En esta línea se sitúan las resoluciones del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 2020 y 27 de mayo de 2022.
- La distinción entre amenazas graves y leves. La calificación exige valorar tanto la gravedad del mal anunciado como la seriedad de la conminación. Una expresión objetivamente grave no conduce automáticamente a la aplicación del artículo 169.
- La consumación y la aptitud intimidatoria. El delito se configura generalmente como una infracción de mera actividad, sin necesidad de que el mal se ejecute o de que se produzca un resultado psicológico efectivo de temor.
- La importancia del contexto familiar y afectivo. Las amenazas leves cometidas en determinados ámbitos de violencia de género o doméstica requieren examinar los elementos específicos de los apartados 4 y 5 del artículo 171, así como las circunstancias que pueden influir en la individualización de la pena.
- La unidad y pluralidad de conductas. La reiteración de amenazas no determina por sí sola la existencia de varios delitos o de un delito continuado. Debe analizarse la conexión entre los episodios y la autonomía de cada conducta.
Estos criterios ponen de manifiesto que el análisis jurisprudencial debe centrarse en la razón jurídica de cada resolución y en su aplicación a los hechos concretos.
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